Carlos García Juliá fue condenado por participar en el asesinato de los cinco abogados laboralistas en 1977 de la calle Atocha de Madrid, llevaba en búsqueda y captura desde el 2000. Ahora con 63 años ha llegado a Madrid donde ingresó directamente en prisión para continuar cumpliendo los años que restan de condena y posiblemente enfrentarse a nuevos cargos por quebrantamiento de condena.

El 24 de enero de 1977, García Juliá entró junto con José Fernández Cerrá, en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, vinculado al todavía ilegal Partido Comunista,  en el número 55 de la calle Atocha de Madrid y disparó contra las personas allí presentes, acabando con la vida de los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo; el estudiante de Derecho Serafin Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Cuatro personas más resultaron heridas en el ataque al bufete, Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. El objetivo de los asesinos era “dar un susto” al dirigente comunista Joaquín Navarro. Pero, cuando el comando terrorista irrumpió en el despacho, no lo encontró y los asaltantes abrieron fuego contra los allí presentes.

Los atacantes pertenecían a organizaciones de extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva y a Falange, que pretendían responder de esta manera a la huelga de transportes que se estaba llevando a cabo con éxito en Madrid y boicotear el proceso de transición hacia la democracia. Por el contrario, el atentado tuvo como respuesta una multitudinaria manifestación pacífica organizada por el entonces ilegal Partido Comunista, una protesta que transcurrió sin incidentes y que, contrariamente a lo que pretendían los atacantes, allanó el camino hacia la legalización de la formación de Santiago Carrillo apenas tres meses después.

Después de realizar el acto terrorista, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado en 1980 a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados y cuatro frustrados) y tenencia de armas junto a Fernández Cerrá, autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadejo a 73 años. Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas.

Cuando llevaba 13 años de cumplimiento de la condena, en 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España por una oferta de trabajo de la naviera Traflumar (Tráfico Fluvial y Marítimo). En diciembre de ese año obtuvo autorización para viajar a Asunción (Paraguay) y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay. No obstante, al incumplir lo previsto, la decisión fue revocada poco después y España solicitó su regreso inmediato para terminar de cumplir la pena. El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica.

Logró mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal viajando por Argentina, Brasil y Estados Unidos, y Bolivia. En 1996 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico le detuvieron en Santa Cruz como principal miembro de una organización de narcotráfico que usaba la vía Bolivia-Brasil-Suiza para introducir cocaína en Europa.

García Juliá fue condenado a casi 7 años de prisión por tráfico de drogas. En julio de 1998, se vio involucrado en un intento de fuga.

En 2001, el Gobierno español, anunció la petición de extradición. Sin embargo, García Juliá había aprovechado la libertad extramuros (el equivalente a la libertad condicional en España) que le fue otorgada en 1999 para escapar.

Carlos García Juliá decidió cambiar su identidad y suplantar la de Genaro Antonio Materán Flores, un venezolano. Aprovechando las facilidades de desplazamiento por tierra, el ultra español se movió por Suramérica sin contratiempos.

Trabajaba de chófer de Uber cuando varios policías le interceptaron y fue detenido el 5 de diciembre de 2018 en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde se escondía bajo una identidad falsa venezolana y trabajaba como conductor de Uber.

La Audiencia Nacional había pedido al Gobierno que solicitara a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir algo más de 10 años.

La segunda sala del Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó su extradición por unanimidad. En su decisión, los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes. En un parecer enviado al Supremo, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, recomendó la extradición al “no verificar” que la petición realizada por las autoridades españolas “haya sido presentado con la finalidad de perseguir o castigar al extraditado por opiniones políticas”.